El conflicto previsional en la provincia de Santa Fe ingresó en un laberinto legal crónico: ya son 215 los expedientes acumulados en el máximo tribunal a la espera de un fallo de constitucionalidad. El trasfondo político radica en la recusación del Gobierno contra cuatro ministros de la Corte por presunta falta de imparcialidad.
La parálisis judicial que mantiene en vilo la aplicación plena del nuevo régimen previsional santafesino responde a una abierta batalla institucional entre el Poder Ejecutivo y la cúpula tribunalicia. Desde la sanción de la ley en septiembre de 2024, un aluvión de amparos interpuestos por pasivos de altos ingresos logró frenar de manera provisoria el tope de haberes máximos fijado en 20 jubilaciones mínimas. Los motivos de este estancamiento —que ya acumula más de 215 causas en el máximo tribunal— radican en una maniobra dilatoria cruzada: la Corte provincial mantiene congelada la resolución del Recurso Extraordinario presentado por la Casa Gris, impidiendo que el debate sobre la legitimidad de los cambios previsionales avance hacia una definición de fondo.
Las causas de la embestida del gobernador Maximiliano Pullaro apuntan de lleno a la línea de flotación de la imparcialidad del cuerpo de magistrados. A través de la Secretaría de Seguridad Social, la Provincia recusó a los jueces Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder, argumentando que son «jueces de sus propias causas». Según la posición oficial, estos ministros no poseen neutralidad para dictaminar debido a que tres de ellos ya iniciaron sus trámites de retiro y el cuarto ya percibe un beneficio previsional, lo que los convierte en beneficiarios directos del mismo sistema de haberes y aportes extraordinarios que la nueva normativa busca recortar y regular.
La respuesta corporativa de los ministros santafesinos, quienes rechazaron de forma unánime y en dos oportunidades consecutivas apartarse del debate aduciendo que el planteo estatal fue presentado fuera de término, forzó al Ejecutivo a intentar trasladar el conflicto a la Corte Suprema de la Nación. Mientras el tribunal local demora la concesión del recurso para elevar el expediente a Buenos Aires, el impacto fiscal de la cautelares en los tribunales de primera instancia continúa erosionando las cuentas públicas. Al suspenderse los topes para los amparistas, la Caja de Jubilaciones se ve obligada a convalidar haberes de bolsillo que superan los 16,6 millones de pesos mensuales, ensanchando la brecha con el haber mínimo y prolongando la incertidumbre hasta septiembre, fecha límite fijada para el cese del polémico aporte solidario de activos y pasivos.
