Un informe basado en datos del Banco Central reveló que el 44,3% de los préstamos otorgados por cadenas de artículos para el hogar registran retrasos en sus pagos. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales y las altas tasas de interés no bancarias consolidan un escenario de asfixia en la base de la pirámide de consumo.
El marcado deterioro en la cobrabilidad de los créditos destinados a la adquisición de bienes durables responde a la imposibilidad de los sectores de menores recursos para absorber los costos fijos de financiamiento en un contexto de ingresos devaluados. Según los registros de la autoridad monetaria procesados por consultoras privadas, casi la mitad de los préstamos otorgados por comercios de electrodomésticos sufren demoras, alcanzando una tasa de irregularidad del 44,3%. Los motivos de este fenómeno radican en el perfil del deudor que acude a estos canales de comercialización: se trata en su mayoría de un universo de 5,2 millones de personas consideradas «deudores exclusivos», ciudadanos que al estar marginados del sistema bancario tradicional recurren a mutuales, cooperativas y cadenas de retail para acceder a consumos básicos, asumiendo condiciones financieras de extrema fragilidad.
Las causas del salto exponencial en los niveles de morosidad —que en el segmento fintech ya promedia el 26,2%— combinan el encarecimiento crónico de las cuotas con el desplome de los sueldos en términos reales. Al quedar desenganchadas de las regulaciones del Banco Central (BCRA) que protegen a los clientes de las entidades tradicionales, las firmas no financieras aplican tasas nominales anuales que superan el 140% para préstamos personales, lo que duplica el costo del crédito bancario. Esta carga de intereses punitorios vuelve prácticamente inviables los planes de refinanciación de las familias, obligando a los usuarios a priorizar el gasto alimentario diario y a diferir los vencimientos de electrodomésticos e indumentaria, ensanchando la masa de deudores que ingresan a la Central de Deudores con retrasos de más de 90 días.
El impacto de este estrangulamiento financiero de los hogares ya encendió las alarmas de los analistas bursátiles y comenzó a trasladarse sutilmente al ecosistema de las pequeñas y medianas empresas. Relevamientos de la consultora 1816 advierten que, si bien la mora promedio en los bancos tradicionales se mantiene en el 7,3%, el índice de irregularidad en las familias trepó al 12%, una cifra que contrasta fuertemente con el 2,5% registrado a fines de 2024. Esta inercia recesiva también golpea la cadena de pagos corporativa, registrándose en el sector pyme —principalmente en los rubros de construcción, comercio y textil— el nivel de incumplimiento comercial más alto desde la salida de la pandemia, lo que consolida un panorama de vulnerabilidad generalizada que limita la capacidad de reactivación económica para el segundo semestre.
