Con más de 4.200 inscriptos de todo el país y un catálogo de 224 lotes, la provincia de Santa Fe prepara en la Estación Belgrano su sexta y más grande subasta de bienes incautados a organizaciones criminales. Impulsado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), el mecanismo combina la reasignación económica de recursos con un estricto protocolo de trazabilidad que ya acumula una recaudación superior a los $5.000 millones.
La realización del sexto remate público bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ratifica la consolidación de la APRAD como un engranaje clave en las políticas de seguridad y desarticulación patrimonial del crimen organizado en la provincia. La subasta del próximo 16 de octubre en la ciudad de Santa Fe exhibe una escala nacional: más de 4.200 participantes de diversas provincias completaron el registro obligatorio para pujar por 224 lotes, que abarcan desde 80 vehículos y 91 motocicletas hasta embarcaciones, inmuebles situados en Rosario e insumos históricos. Los fondos obtenidos se destinan de forma directa a financiar políticas de seguridad, asistir a víctimas de delitos y fortalecer las arcas públicas provinciales.
Un componente central del modelo santafesino radica en los mecanismos de seguridad y neutralización de riesgos para los compradores. La APRAD instrumenta un filtro previo de antecedentes que cruza los datos de los inscriptos con bases judiciales para impedir que familiares o miembros de las bandas criminales desposeídas participen de la compulsa. En el plano registral, los vehículos subastados atraviesan un procedimiento de bloqueo de dominio en el Registro de la Propiedad del Automotor y la posterior asignación de un nuevo juego de placas patentes, eliminando todo vínculo de trazabilidad con la identidad de los titulares anteriores.
La masiva respuesta de oferentes refleja el asentamiento de una política de Estado orientada a golpear la estructura logística de los grupos delictivos. Al stripping patrimonial de vehículos, embarcaciones e inmuebles utilizados para el lavado de activos o el despliegue territorial, la provincia le opone un circuito transparente de monetización que devuelve el capital recuperado a la sociedad civil y a las fuerzas de seguridad.
