El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió un proyecto de ley con once modificaciones sustanciales que endurecen el Código de Procedimiento Penal. La iniciativa, que busca otorgar facultades excepcionales a la policía y los fiscales para combatir el crimen organizado, ya genera fuertes discusiones internas en el oficialismo.
La administración del gobernador Maximiliano Pullaro formalizó el ingreso a la Legislatura santafesina de un severo paquete de reformas en materia de seguridad pública y procedimientos judiciales. El texto, que ingresó a través de la Cámara de Diputados, contempla modificaciones profundas sobre seis leyes clave, incluyendo el Código de Procedimiento Penal (CPP), la Ley Penitenciaria y la Ley de Inteligencia. Aunque la Casa Gris argumenta que el objetivo central es dotar al Estado de «herramientas específicas» para enfrentar la criminalidad organizada y la violencia estructural, los trazos generales de la iniciativa ya vaticinan un complejo debate legislativo, incluso dentro de las propias filas de la coalición gobernante Unidos para Cambiar Santa Fe, donde se anticipa que el articulado original sufrirá numerosas modificaciones debido al endurecimiento de los métodos propuestos.
El eje más controversial del proyecto radica en la flexibilización de las garantías procesales y la ampliación de las facultades operativas de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los puntos más disruptivos se destaca la autorización para realizar allanamientos sin orden judicial previa en casos donde se secuestren armas de fuego en la vía pública, bajo la premisa de evitar el ocultamiento de evidencias. Asimismo, el Ejecutivo propone la figura del «derribo por orden fiscal», que facultaría a los fiscales a dictar por sí mismos la inactivación física de inmuebles vinculados al microtráfico. En el plano investigativo, la reforma busca restituir las declaraciones informativas policiales y eliminar la presencia obligatoria del defensor como requisito ineludible para la declaración de un imputado, además de incorporar formalmente el «espionaje digital y electrónico» dentro de las fuentes del sistema de inteligencia provincial.
La reforma también endurece las condiciones de detención y los mecanismos de juzgamiento. Para los internos de alto perfil que organicen delitos desde los penales, el proyecto establece un régimen de aislamiento extremo que suspende las visitas físicas, reduciendo el contacto familiar exclusivamente a la correspondencia epistolar fiscalizada. Por otra parte, se introduce el juicio penal en rebeldía para procesar a imputados que decidan no comparecer tras ser notificados, y se flexibiliza la validación probatoria en los juicios. El plan oficial se completa con la creación de «Zonas de intervención policial especial», perímetros urbanos delimitados por su alta criminalidad donde las fuerzas de seguridad dispondrán de facultades de excepción para restringir la libre circulación de personas y regular el espacio público.
