El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha decidido acelerar una ambiciosa estrategia de contención social y diferenciación política destinada a amortiguar el impacto del ajuste fiscal implementado por el presidente Javier Milei. Mediante el despliegue de un «plan rescate» generalizado, la Casa Gris busca absorber las demandas de los sectores más castigados por los recortes federales —clases medias, jubilados y trabajadores— para evitar que el malhumor social erosione la gobernabilidad provincial y se traduzca en un resentimiento generalizado hacia la dirigencia local.
La respuesta de la administración santafesina mutó de asistencias puntuales a una política estructural ante lo que perciben como un abandono sistemático de las funciones esenciales del Estado nacional. Entre las medidas más recientes se destacan el incremento del 50% en los módulos alimentarios para jubilados nacionales, la refinanciación a tasa cero para prestadores de discapacidad y el lanzamiento de un programa provincial de cobertura de medicamentos para suplir el vaciamiento del Plan Remediar, cuya presentación oficial incluyó la fuerte escenificación de los depósitos nacionales vacíos para visibilizar el origen del desfinanciamiento.
Esta descentralización fáctica del gasto obliga al gobierno de Pullaro a ejecutar un complejo equilibrio discursivo y financiero. En el entorno del mandatario advierten que la Casa Rosada opera una redefinición forzada del federalismo fiscal, dejando desamparadas áreas críticas como la salud crónica, los adultos mayores y la infraestructura vial bajo la premisa de que las provincias asuman el costo. La preocupación nodal de la Casa Gris radica en que, tras financiar la contención social, el relato libertario califique de «degeneración fiscal» cualquier desequilibrio presupuestario futuro, lo que ha llevado a Santa Fe a dotar a sus acciones de un fuerte contenido emocional centrado en la idea de protección y salvataje de la economía hogareña.
La tensión se trasladó de manera directa al escenario legislativo con la media sanción en la Cámara de Diputados que recorta los subsidios al gas por Zona Fría, una medida que afectará a más de medio millón de santafesinos. A pesar de que los diputados nacionales alineados con el oficialismo provincial terminaron facilitando el quórum en el marco de negociaciones globales con el ministro Luis Caputo, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, rechazó la iniciativa en el recinto catalogándola como un «ajuste generalizado». Ante el incremento de la morosidad en las tarifas de servicios públicos por la caída del poder adquisitivo, en los despachos de la gobernación ya se analiza destinar las próximas herramientas de auxilio financiero directamente a aliviar el bolsillo de los usuarios de redes de servicios esenciales.
