El hallazgo del cadáver de la adolescente de 14 años en un descampado de Ampliación Ferreyra modificó el curso de la causa judicial. Los registros de cámaras de seguridad que muestran los movimientos sospechosos del empleado municipal Claudio Barrelier y la renuncia de su abogado defensor consolidan la hipótesis del femicidio.
La confirmación del asesinato de Agostina Vega transformó los siete días de búsqueda en una compleja investigación penal que apunta de forma directa al entorno familiar íntimo. Tras el hallazgo del cuerpo de la menor en la periferia de la capital provincial, el fiscal Raúl Garzón dispuso ampliar las imputaciones contra el único detenido del caso, Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 32 años y expareja de la madre de la víctima. Los motivos que cercan la situación procesal del imputado se sustentan en una sólida reconstrucción tecnológica y testimonial que desarticuló de manera sistemática cada una de las coartadas presentadas durante sus declaraciones iniciales ante las autoridades judiciales.
Las causas que aceleraron la detención y el posterior agravamiento de los cargos combinan peritajes de geolocalización con registros fílmicos irrefutables. El rastreo técnico determinó que el teléfono celular de la adolescente permaneció activo durante tres horas en las inmediaciones de la vivienda de Barrelier en el barrio Cofico, el mismo punto donde un remisero confirmó haberla dejado tras un viaje nocturno el sábado 23 de mayo. Sin embargo, la prueba más incriminatoria surgió de una cámara de seguridad que registró que el lunes 25 de mayo el acusado ingresó con su automóvil Ford Ka negro al mismo descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente apareció el cadáver. Las imágenes captaron al sospechoso permaneciendo en el predio durante 30 minutos y retirándose del lugar portando bidones y bolsas de consorcio.
Ante la contundencia de los elementos recolectados por la fiscalía, la estrategia de la defensa terminó por desmoronarse en las últimas horas. Barrelier había sostenido inicialmente que la menor nunca había ingresado a su casa y que se había marchado con un desconocido en un auto rojo, intentando además argumentar que la joven captada por las cámaras de su domicilio era su propia hija de 11 años. La falsedad de esta declaración y el posterior hallazgo de los restos provocaron que su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, renunciara formalmente a la representación legal alegando «diferencias técnicas irreconciliables». Mientras la comunidad cordobesa sostiene los reclamos de justicia con cortes en la avenida Circunvalación, el Ministerio de Seguridad y los peritos forenses concentran sus tareas en determinar la mecánica precisa del crimen para cerrar el círculo probatorio contra el detenido.
