La denuncia contra un cazador e influencer por matar especies en veda y a metros de las dependencias estatales expone las falencias de la provincia en la protección de la fauna. Detrás de la ostentación en redes sociales, el caso reabre el debate sobre la efectividad de las leyes de caza y la inacción de los organismos de control.
La denuncia presentada por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) por la matanza de al menos diez especies de aves en la Laguna Setúbal va más allá del accionar de un cazador furtivo: constituye una radiografía de los severos agujeros negros en la fiscalización ambiental de Santa Fe. La impunidad con la que el involucrado exhibió durante meses en redes sociales ejemplares abatidos —varios de ellos en peligro o bajo veda estricta, como el pato crestudo— revela un escenario donde las normativas de protección de fauna operan más como un marco formal que como una herramienta efectiva de disuasión.
El aspecto más crítico del episodio radica en la geografía del hecho. Las jornadas de caza ilegal no se llevaron a cabo en zonas rurales inhóspitas o de difícil acceso, sino en el corazón del espejo de agua santafesino, frente a la Costanera y a tan solo 2.000 metros de las oficinas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial. La utilización sistemática de artes prohibidas (como armas de alta potencia PCP), la violación de temporadas y el exceso de cupos sin la intervención oportuna de los órganos de control deja al descubierto la falta de patrullaje fluvial y la debilidad en los mecanismos de monitoreo preventivo en áreas de alta biodiversidad.
La controversia traslada la presión directamente a la gestión de la política ambiental de la provincia. Mientras las ONGs ambientalistas asumen el rol de auditar y judicializar los delitos contra la fauna a través de evidencias digitales de acceso público, el caso pone en evidencia la urgencia de reestructurar las tareas de guardafaunas, endurecer las sanciones contra el furtivismo y definir si el Estado provincial cuenta con la voluntad política y la capacidad logística para garantizar el cumplimiento de la Ley N° 4830 en los ecosistemas fluviales santafesinos.
