La entrada en vigencia de la Ley 27.801 habilita el juzgamiento de adolescentes a partir de los 14 años en todo el país. El ministro Pablo Cococcioni detalló las tres escalas de privación de la libertad previstas en la provincia y remarcó que el impacto disuasivo dependerá de la aplicación efectiva de las medidas.
A partir de las cero horas de este sábado comienza a regir en la Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil a través de la Ley 27.801, una normativa que rebaja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para imputar penalmente a adolescentes involucrados en delitos. Frente a este cambio de paradigma a nivel federal, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe confirmó que dispone de la infraestructura procesal e institucional necesaria para instrumentar las distintas gradualidades de las medidas de privación de la libertad y de contención que disponga la Justicia especializada.
El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, explicó que la provincia no requerirá una reestructuración de fondo para adaptarse al nuevo marco, dado que ya cuenta con el Código Procesal Penal Juvenil —aprobado en 2023 y con vigencia desde junio de 2025— bajo un modelo acusatorio específico. No obstante, el funcionario fue cauto respecto a las expectativas públicas sobre la seguridad ciudadana y aclaró que la mera sanción de la ley no genera una baja inmediata de los índices delictivos, sino que el verdadero efecto disuasivo sobre la delincuencia juvenil se consolidará con la aplicación efectiva de las sanciones.
Para la ejecución de las resoluciones judiciales sobre jóvenes de entre 14 y 18 años, el esquema de contención en Santa Fe estará diferenciado en tres niveles según la gravedad del hecho:
- Arresto domiciliario: Destinado a infracciones de menor intensidad, asistido mediante dispositivos de monitoreo electrónico.
- Establecimientos de Puertas Abiertas (ESPA): Orientados a instancias intermedias que requieran institucionalización gradual sin régimen de encierro estricto.
- Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ): Instalaciones de régimen cerrado reservadas para casos de alta gravedad o perfiles violentos. En cumplimiento de la ley nacional, los menores alojados en estos centros permanecerán estrictamente separados de la población penal adulta.
En forma paralela, el Ministerio Público de la Defensa provincial dispuso nuevas directivas para fortalecer la defensa pública especializada, priorizando la justicia restaurativa y el principio de la privación de la libertad como último recurso. Las autoridades enfatizaron que el inicio de este régimen no implicará la encarcelación automática de todo menor de 14 años que cometa una falta, sino una respuesta judicial graduada en función de los perfiles criminológicos y las circunstancias específicas de cada causa.
