Aunque el departamento La Capital registró el menor número de asesinatos desde 2014, el 94,4% se cometió con proyectiles. El Ministerio de Seguridad apuntó al desvío del mercado legal hacia el crimen organizado mediante compras con testaferros.
Durante el primer semestre de 2026, el departamento La Capital (Santa Fe y Gran Santa Fe) contabilizó 18 homicidios dolosos, alcanzando la cifra más baja de asesinatos para este período desde 2014. Sin embargo, los indicadores del Observatorio de Seguridad Pública encendieron las alarmas oficiales al revelar una anomalía estadística: el 94,4% de los casos se perpetró con armas de fuego, un porcentaje que supera por casi 20 puntos la media provincial (69,6%) y la del departamento Rosario (72,3%).
Desde el Ministerio de Seguridad provincial explicaron que esta concentración responde tanto a la intensificación de las requisas callejeras para desarmar portaciones no autorizadas de armas blancas como a la consolidación de redes de aprovisionamiento de armamento. El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, y el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, precisaron que el foco de la investigación está puesto en la infiltración del circuito legal. A través de esquemas donde intervienen «prestanombres» o testaferros sin antecedentes penales ni capacidad económica declarada, bandas delictivas adquieren armamento en armerías habilitadas con la complicidad de profesionales encargados de avalar los exámenes psicofísicos y de idoneidad.
En coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), fuerzas federales y el organismo nacional de control de armas, la provincia avanza en causas judiciales que ya incluyeron allanamientos a locales comerciales en las ciudades de Santa Fe y Rosario. El despliegue operativo busca desarticular este mecanismo de filtración, en un escenario complejizado por la digitalización de los trámites y el cierre de la sede presencial del Renar en la capital provincial, lo que obliga a depender de inspecciones enviadas desde la sede central para fiscalizar el stock de las armerías.
