A dos años de la aplicación de la Ley de Desfederalización Parcial de Delitos Vinculados al Narcomenudeo, un informe conjunto entre la Justicia y el Ejecutivo reveló que las denuncias vecinales al 911 superaron las 18.000 llamadas. El nuevo esquema penal permitió un promedio de 33 investigaciones diarias, la desactivación de 100 puntos de venta de drogas y la condena de casi 500 personas, transformando el control territorial en los barrios más vulnerables.
La provincia de Santa Fe consolidó un giro estructural en su política de seguridad pública al cumplirse el primer bienio de la transferencia de competencias desde el fuero federal hacia la justicia ordinaria para combatir el comercio minorista de estupefacientes. El balance oficial remitido a la Legislatura provincial expone una transformación en la dinámica de persecución penal, cuyo principal indicador no radica únicamente en las métricas de encarcelamiento, sino en la validación del canal de denuncias por parte de la población civil. Al asumir el Ministerio Público de la Acusación (MPA) la dirección de estas causas, el Estado santafesino logró articular la demanda de seguridad barrial con un despliegue operativo de saturación y persecución criminal inmediata.
El diagnóstico de los datos parlamentarios demuestra que la proximidad de las nuevas fiscalías ordinarias quebró la inercia del silencio en los barrios periféricos. Los motivos de este incremento exponencial en las alertas radican en que, entre 2023 y 2025, los llamados al 911 sumaron 18.409 comunicaciones, marcando un salto del 153% en el primer período y un alza consecutiva del 24,7% posterior. El trasfondo de esta participación ciudadana sirvió como el insumo primordial para iniciar 24.843 causas judiciales. Este flujo continuo de información derivó en la ejecución de 2.616 allanamientos en el territorio provincial —concentrados en un 74% en la ciudad de Rosario— y habilitó el uso de herramientas de cese de estado antijurídico, lo que permitió el derribo o la inutilización de 100 búnkeres e inmuebles que funcionaban como centros de acopio y distribución de drogas.
Las consecuencias de esta reforma penal impactan de manera directa en la efectividad del sistema punitivo y en la desarticulación de las economías delictivas de escala. A diferencia del antiguo letargo burocrático federal, la respuesta local en estos 24 meses arrojó un saldo de 490 condenas efectivas por microtráfico, 644 personas privadas de la libertad y el secuestro de 658 armas de fuego que daban sustento a los anillos de violencia barrial. El impacto definitivo del informe confirma que el éxito de la desfederalización dependió de una fuerte reorganización presupuestaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, que ejecutó más de 245.000 millones de pesos en infraestructura, equipamiento e inteligencia criminal. Al dotar a las fuerzas de divisiones específicas de microtráfico, la provincia transformó la llamada de emergencia del vecino en un proceso penal rápido, demostrando que la recuperación del espacio público requiere un canal de comunicación confiable combinado con una demolición visible del delito organizado.
